Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci髇 Argentina
Ricardo Lorenzetti

6 November 2009

Fallos de la Corte Suprema. Voto del Dr. Lorenzetti en la causa “Arriola”

Considerando:
Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1潞 a 9潞 del voto que encabeza este pronunciamiento, que se dan por reproducidos.
10) Que entonces queda claramente configurado el conflicto constitucional entre una norma federal que sanciona una conducta sin que se acredite peligro concreto o da帽o y por lo tanto en abierta contradicci贸n con el art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional.
11) Que, conforme con los argumentos que se desarrollar谩n en los considerandos siguientes, cabe adoptar el siguiente criterio de juzgamiento:
A) El art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervenci贸n ajena, incluida la estatal. No se trata s贸lo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un 谩mbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea.
B) Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversi贸n de la carga argumentativa, de modo que toda restricci贸n de ese 谩mbito debe ser justificada en la legalidad constitucional.
C) No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o da帽o para terceros. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad p煤blica no superan el test de constitucionalidad.
D) La conducta realizada en privado es l铆cita, salvo que constituya un peligro concreto o cause da帽os a bienes jur铆dicos o derechos de terceros.
E) De conformidad con lo expuesto, corresponde aplicar el criterio que esta Corte desarrollara en el precedente “Bazterrica” (Fallos: 308:1392).
F) Corresponde exhortar a las Instituciones para que implementen medidas efectivas para el combate preventivo de la drogadicci贸n.
Estos criterios encuentran fundamento suficiente en la Constituci贸n Nacional, conforme surge de los considerandos siguientes.
12) Que la tutela de la privacidad, cuando no hay peligro, ni da帽o a terceros, ni ostentaci贸n del consumo, ha motivado posiciones diferentes de esta Corte Suprema y del Congreso de la Naci贸n.
Resulta oportuno recordar, entonces, que el C贸digo Penal de 1921 no legisl贸 sobre el tema de la toxicoman铆a puesto que el art铆culo 204 se refer铆a a lo que en doctrina se conoce como suministro infiel de medicamentos.
Fue reci茅n la ley 11.309, publicada en el Bolet铆n Oficial el 4 de agosto de 1924 la que introdujo la punibilidad de la venta, entrega o suministro de alcaloides o narc贸ticos y, dos a帽os despu茅s, la ley 11.331, publicada en el Bolet铆n Oficial el 13 de agosto de 1926, la que agreg贸 una nueva figura, o sea la tenencia ileg铆tima con lo que se convirti贸 en delito la mera tenencia por parte de personas no autorizadas.
Pronto habr铆a de plantearse el tema relativo a la tenencia para uso personal y en el plenario de la C谩mara Criminal de la Capital Federal, in re “Gonz谩lez, Antonio”, del 17 de octubre de 1930 (Fallos de la Excma. C谩mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, tomo 3潞, p谩g. 21), se resolvi贸, con votos divididos, que el uso personal de alcaloides no deb铆a admitirse como excusa por parte de quien
los pose铆a ya que no constitu铆a una raz贸n leg铆tima de su tenencia. Un nuevo plenario de la misma C谩mara, para ese entonces con una integraci贸n diferente, in re “Ter谩n de Ibarra, Asunci贸n”, del 12 de julio de 1966 (Fallos de la Excma. C谩mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, tomo 15, p谩g. 325) mantuvo la doctrina del plenario anterior sosteniendo que la tenencia de alcaloides configuraba delito. El Proyecto Peco (1942) s贸lo reprim铆a la tenencia de sustancias estupefacientes enderezada “a alg煤n prop贸sito de destinarlas al comercio o de suministrarlas o procurarlas a otro” (art铆culo 230; exposici贸n de motivos, p谩gina 399). El proyecto de 1960 excluy贸 de punici贸n “la tenencia de una dosis para uso personal” (art铆culo 262 y su nota). En 1968 la ley 17.567, derog贸 la reforma al C贸digo Penal de la ley 11.331, modificando nuevamente este cuerpo legal por la introducci贸n del p谩rrafo tercero del art铆culo 204 que sancionaba al “que, sin estar autorizado, tuviere en su poder en cantidades que excedan las que correspondan a un uso personal, sustancias estupefacientes…”. La exposici贸n de motivos de esta ley vinculaba la tenencia de dosis correspondientes al mero consumo
individual con las acciones de la esfera de libertad consagrada
en el art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional. La determinaci贸n
de la cantidad que correspond铆a a un uso personal se tradujo en una casu铆stica jurisprudencial que hizo de muy dif铆cil aplicaci贸n la norma legal. A ello se sumaron opiniones que sostuvieron que aquella casu铆stica ca贸tica en la vida real hab铆a terminado por facilitar “el tr谩fico de estupefacientes haciendo que en su modus operandi el pasador portara solamente cantidades justificables como de uso personal” (de la sentencia de la C谩mara Federal del 22 de diciembre de 1976, in re “Colavini, Ariel Omar, infracci贸n a la ley 20.771″, voto de los jueces Servini y Cort茅s).
En 1973, la reforma al C贸digo Penal de 1968 fue declarada “ineficaz” por ley 20.509, a partir de cuya vigencia se restaur贸 el r茅gimen anterior.
La ley 20.771 tipific贸 como delito la mera tenencia de estupefacientes con penas de notable severidad, sin que se legislara, en forma global y sistem谩tica sobre la cuesti贸n de
los estupefacientes, sobre sus diversos efectos en sectores individualizados de la sociedad, como j贸venes o adolescentes,
y sin establecer una pol铆tica general de soluciones alternativas o complementarias de la mera punici贸n (del voto concurrente del juez Petracchi, in re “Bazterrica”, Fallos: 308:1392,considerando 14).
La ley 20.771 dio lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios en lo que ata帽e a su art铆culo 6潞. En varios casos se resolvi贸 en primera instancia su invalidez con base en el art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional, criterio que no fue aceptado por la alzada.
El 28 de marzo de 1978, en la causa “Colavini” (Fallos: 300:254), esta Corte Suprema se pronunci贸 en el sentido de que
el art铆culo 6潞 de la ley 20.771 (punici贸n de la tenencia de estupefacientes destinados a uso personal) no era violatorio del art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional. En ese fallo la Corte tambi茅n recogi贸 los argumentos del se帽or Procurador General de la Naci贸n en el sentido de que el uso de estupefacientes iba m谩s all谩 de un mero vicio individual para
convertirse, por la posibilidad de su propagaci贸n, en un riesgo
social que perturbaba la 茅tica colectiva. En sus distintos pronunciamientos la Corte valor贸 la magnitud del problema de la drogadicci贸n destacando la perniciosa influencia de la propagaci贸n de la toxicoman铆a en el mundo entero. En esa inteligencia, consider贸 l铆cita toda actividad estatal dirigida
a evitar las consecuencias que para la 茅tica colectiva y el bienestar y la seguridad general pudieren derivar de la tenencia ileg铆tima de drogas para uso personal (Fallos: 301:673; 303:1205; 304:1678 y 305:137).
El 29 de agosto de 1986, esta Corte Suprema se pronunci贸 en la causa “Bazterrica”, cambiando el criterio y declarando la inconstitucionalidad del art铆culo 6潞 de la ley 20.771, censurando la punici贸n de la tenencia de estupefacientes para uso personal.
El 21 de septiembre de 1989 se sancion贸 la ley 23.737, mediante la cual se derogaron los art铆culos 1a 11 de la ley 20.771 y se incorpor贸 en su art铆culo 14, segundo p谩rrafo, la punici贸n “…cuando por su escasa cantidad y dem谩s circunstancias, surgiere inequ铆vocamente que la tenencia [de estupefacientes] es para uso personal”.
El 11 de diciembre de 1990, esta Corte Suprema dict贸 sentencia en la causa “Montalvo” (cfr. Fallos: 313:1333, en particular p谩g. 1349) por el que concluy贸 que “la tenencia de estupefacientes, cualquiera que fuese su cantidad, es conducta punible en los t茅rminos del art铆culo 14, segunda parte de la ley 23.737 y tal punici贸n razonable no afecta ning煤n derecho reconocido por la Ley Fundamental…” (Fallos: 313: 1333, considerando 27 in fine).
Estos cambios legales y jurisprudenciales deben transformarse en una regla m谩s estable a los fines de dar seguridad jur铆dica a los ciudadanos, lo que 煤nicamente puede hacerse mediante una prudente ponderaci贸n de los principios en juego. Por esta raz贸n corresponde desarrollar el razonamiento constitucional a partir de la afirmaci贸n de los derechos individuales, examinando con rigor los fundamentos de toda restricci贸n. Lo contrario, es decir, partir de la afirmaci贸n de valores p煤blicos para limitar la libertad conduce a soluciones cuyos l铆mites son borrosos y pueden poner en riesgo la libertad personal, protegida de manera relevante por nuestra Constituci贸n Nacional.
13) Que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea (art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional).
Una sociedad civilizada es un acuerdo hipot茅tico para superar el estado de agresi贸n mutua (Hobbes, Thomas, “Leviat谩n o la materia, forma y poder de una rep煤blica, eclesi谩stica y civil”, M茅xico, Fondo de Cultura Econ贸mica, 1994), pero nadie aceptar铆a celebrar ese contrato si no existen garant铆as de respeto de la autonom铆a y dignidad de la persona pues “aunque los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que ten铆an en el estado de naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello seg煤n lo requiera el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intenci贸n de preservarse a s铆 mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situaci贸n con el deseo de ir a peor” (Locke, John, “Segundo Tratado sobre el gobierno civil”, cap铆tulo 9, Madrid, Alianza, 1990).
Esta libertad que se reserva cada individuo fue definida (art铆culos 4潞 y 5潞 de la Declaraci贸n de Derechos del Hombre y el Ciudadano, Francia, 26 de agosto de 1789) como el poder de hacer todo lo que no da帽e a terceros. Su ejercicio no tiene otros l铆mites que los que aseguran a los dem谩s miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, de modo que la ley no puede prohibir m谩s que las acciones perjudiciales a la sociedad.
Las principales consecuencias de este principio pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer una moral; (b) en lugar de ello debe garantizar un 谩mbito de libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad. Como consecuencia de lo anterior, las penas no pueden caer sobre conductas que son, justamente, el ejercicio de la autonom铆a 茅tica que el Estado debe garantizar, sino sobre las que afectan el ejercicio de 茅sta.
El ejercicio de la libertad tiene l铆mites y puede dar lugar a la punici贸n, pero un Estado de Derecho debe construirse sobre una cuidadosa delimitaci贸n de esa frontera.
Por ello es posible se帽alar que: a) no es posible que el legislador presuma que se da un cierto da帽o o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados “de peligro abstracto”; b) no es posible imputar un da帽o a una acci贸n cuando ella es consecuencia directa de otra acci贸n voluntaria m谩s cercana en la cadena causal, y por ello no es necesario penar el consumo en casos donde la punici贸n deviene como consecuencia de un delito cometido en funci贸n de la drogadicci贸n; c) no es posible imputar un mismo da帽o dos veces a los efectos de la punibilidad 鈥攅sto excluye la punici贸n por el consumo que conduce a delitos que son independientemente penados鈥; d) no es posible computar da帽os que son demasiado nimios e indirectos, en comparaci贸n con la centralidad que puede tener la actividad que los provoca para un plan de vida libremente elegido 鈥攍o que excluye como da帽os los provocados por el tratamiento m茅dico鈥 de los adictos (cfr. Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1992, p. 307).
14) Que la norma constitucional que protege la privacidad no habilita la intervenci贸n punitiva del Estado basada exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidor de estupefacientes se transforme en autor o part铆cipe de una gama innominada de delitos.
En el derecho penal no se admiten presunciones juris et de jure que, por definici贸n, sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no la hay. En cuanto al peligro de peligro se tratar铆a de claros supuestos de tipicidad sin lesividad. Por consiguiente, el an谩lisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que s贸lo hay tipos de lesi贸n y tipos de peligro, y que en estos 煤ltimos siempre debe haber existido una situaci贸n de riesgo de lesi贸n en el mundo real que se deber谩 establecer en cada situaci贸n concreta siendo inadmisible, en caso negativo, la tipicidad objetiva.
Este principio ha sido receptado por esta Corte (in re: “Gramajo” Fallos: 329:3680) al se帽alar que “…En un Estado, que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno, la Constituci贸n no puede admitir que el propio Estado se arrogue la potestad 鈥攕obrehumana鈥 de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realizaci贸n del mismo, sin que importe a trav茅s de qu茅 mecanismo pretenda hacerlo, sea por la v铆a del reproche de culpabilidad o de la neutralizaci贸n de la peligrosidad, o si se prefiere mediante la pena o a trav茅s de una medida de seguridad…”.
En sentido coincidente tambi茅n in re: “Maldonado”, Fallos: 328:4343). Tambi茅n la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en sentido similar, diciendo que “La valoraci贸n de la peligrosidad del agente implica la apreciaci贸n del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, que agrega a la imputaci贸n por los hechos realizados, la previsi贸n de hechos futuros que probablemente ocurrir谩n…Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos…” (CIDH, Serie C N潞 126, caso Ferm铆n Ram铆rez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005).
15) Que las razones de conveniencia en que se sustent贸 la doctrina del precedente “Montalvo” (Fallos: 313: 1333), tampoco constituyen un fundamento constitucionalmente admisible.
En primer lugar porque parten de la base de sacrificar derechos para satisfacer finalidades que pueden ser obtenidas por otros medios sin necesidad de semejante lesi贸n. Como se ver谩 en considerandos siguientes, en los pa铆ses de la regi贸n se combate el flagelo de la drogadicci贸n respetando el consumo personal que no da帽a a terceros y concentr谩ndose en la distribuci贸n y el consumo cuando tiene aptitud concreta de peligro o da帽o. De manera que est谩 demostrado que la lesi贸n de la libertad personal no es necesaria a los fines de obtener el objetivo perseguido.
En segundo lugar, est谩 claro que, aun cuando se admita el sacrificio, no se logra el resultado. En efecto, en el precedente mencionado se hab铆a sostenido que la incriminaci贸n del tenedor de estupefacientes permitir铆a combatir m谩s f谩cilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333). Ello no se ha producido, pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretaci贸n restrictiva de los derechos individuales.
16) Que la tendencia que predomina en la legislaci贸n de los pa铆ses de la regi贸n resulta totalmente contraria a la que pretende la habilitaci贸n del poder punitivo para los casos del tenedor de estupefacientes que s贸lo lo hace para el consumo personal y sin lesionar o poner en peligro concreto bienes o derechos de terceros.
En este sentido, la ley brasile帽a 11.343, del 23 de agosto de 2006, instituy贸 el Sistema Nacional de Pol铆ticas P煤blicas sobre Drogas y en su art铆culo 28 decidi贸 contemplar la tenencia para consumo personal a la que no incrimina penalmente sino que aplica sustitutivos penales como la advertencia al tenedor sobre los efectos de las drogas, la prestaci贸n de servicios a la comunidad o la aplicaci贸n de medidas educativas de asistencia a cursos educativos. El c贸digo penal peruano, sancionado por Decreto Legislativo N潞 635, promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril del mismo a帽o preve铆a la exenci贸n de pena en su art铆culo 299, bajo el t铆tulo de “posesi贸n impune de droga” el que luego de su modificaci贸n por el art铆culo 1 de la Ley N28.002, publicado el 17 de junio de 2003, mantuvo la misma impronta. Por su parte, la ley 19.366 de la Rep煤blica de Chile, que sancionaba el tr谩fico il铆cito de estupefacientes y sustancias psicotr贸picas result贸 sustituida por la ley N潞 20.000, promulgada el 2 de febrero de 2005 y publicada el 16 del mismo mes y a帽o y en su art铆culo 4潞, deja impune la tenencia para uso o consumo personal exclusivo y pr贸ximo en el tiempo. A su vez, la Ley N潞 1340 de la Rep煤blica de Paraguay, del 20 de octubre de 1988, que modifica y actualiza la ley N潞 357/72 y que reprime el tr谩fico il铆cito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevenci贸n y recuperaci贸n de f谩rmaco dependientes en aquel pa铆s, regula en su art铆culo 30 la tenencia para exclusivo uso personal a la que deja exenta de pena. Algo similar sucede con la ley uruguaya 17.016 de estupefacientes, sancionada el 7 de octubre de 1998, promulgada el 22 octubre y publicada el 28 de ese mismo mes y a帽o, que prev茅 en su art铆culo 3潞 la sustituci贸n de los art铆culos 30 a 35 de la anterior normativa vigente por decreto ley 14.294 del 31 de octubre de 1974. En esa sustituci贸n, se reemplaz贸 el art铆culo 31 que en su parte pertinente refiere que quedar谩 exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal.
17) Que a su vez, ninguna de las convenciones suscriptas por el Estado Argentino en relaci贸n a la tem谩tica (Convenci贸n de las Naciones Unidas contra el Tr谩fico Il铆cito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr贸picas de 1988; el Convenio sobre sustancias psicotr贸picas de 1917 y la Convenci贸n 脷nica sobre Estupefacientes de 1961) lo comprometen a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal.
Antes bien, se se帽ala que tal cuesti贸n queda “a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jur铆dico” (art铆culo 3, inciso 2潞; art铆culo 22 y art铆culos 35 y 36 de las mencionadas Convenciones, respectivamente) con lo que las mismas normativas de las Convenciones evidencian sin esfuerzo su respeto por el art铆culo 19 constitucional.
18) Que de conformidad con los argumentos desarrollados, corresponde aplicar al sub lite el est谩ndar jur铆dico y la regla de derecho enunciados en “Bazterrica” ya citado.
De ello se sigue que debe respetarse el 谩mbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay da帽o o peligro concreto para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. Por aplicaci贸n de este criterio la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal resulta violatoria del art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional y por tanto debe ser declarada su inconstitucionalidad. La ley 23.737, que reemplaz贸 a la 20.771, intent贸 dar una respuesta m谩s amplia, permitiendo al juez penal optar por aplicarle una pena o un tratamiento. Sin embargo, esta ley, en lo que hace a la habilitaci贸n del poder punitivo por parte del Estado para el supuesto de tenencia para uso personal, resulta redactada en forma casi id茅ntica a su predecesora, con lo que no ha logrado superar el est谩ndar constitucional en la medida que sigue incriminando conductas que quedan reservadas, por la protecci贸n del art铆culo 19 de la Carta Magna, a un 谩mbito de privacidad.
Por todas las razones expuestas, el art铆culo 14, segundo p谩rrafo de la ley 23.737, debe ser invalidado, pues conculca el art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los 贸rganos estatales. Por tal motivo, se declara la inconstitucionalidad de esa disposici贸n legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un da帽o a derechos o bienes jur铆dicos de terceros, como ha ocurrido en autos, respecto de los recurrentes.
19) Que es cierto que el consumo que traiga aparejado una lesi贸n a un bien jur铆dico o derecho de terceros o los ponga en concreto peligro, y la distribuci贸n de estupefacientes deben ser combatidos. Tambi茅n lo es que desde hace muchos a帽os esta
Corte ha se帽alado esa necesidad y no se ha advertido una pol铆tica p煤blica consistente y efectiva, con lo cual el problema no s贸lo no ha disminuido, sino que ha aumentado.
Hace veintitr茅s a帽os, en “Bazterrica”, voto del juez Petracchi (Fallos: 308:1392) se dijo: “La droga es, indudablemente, una lacra que produce atroces consecuencias en las sociedades modernas. Una de dichas consecuencias es la de que la diseminaci贸n y desborde del tr谩fico y consumo de estupefacientes ha adquirido un volumen tal y tan descomunal, que ha facilitado la conformaci贸n de un negocio econ贸mico administrado por consorcios internacionales que cuentan a veces con recursos que superan las posibilidades de los propios Estados. Es desgarrador adem谩s, el problema de las drogas desde el punto de vista individual, pues una creciente cantidad de v铆ctimas de la adicci贸n y narcodependencia ven sus vidas limitadas en m煤ltiples sentidos, se encuentran con su salud f铆sica y psicol贸gica seriamente afectada y, por tanto, su existencia, sumamente empobrecida…” y m谩s adelante: “15) Que, seg煤n ya se ha expresado, sin duda la actual difusi贸n del consumo de drogas es una verdadera plaga, que resulta desastrosa su paulatina extensi贸n hacia sectores menos protegidos de la sociedad: la infancia y la adolescencia, su consiguiente utilizaci贸n en los centros educativos convertidos en lugares de suministro de estupefacientes y su influencia decisiva en la consolidaci贸n de una estructura econ贸mica de tr谩fico organizado, que adquiere fuerza suficiente para estar en condiciones de atentar contra los propios sistemas institucionales…”.
En el mismo considerando se dec铆a: “En este sentido, nuestro pa铆s ha puesto en ejecuci贸n diversas pol铆ticas tendientes a asumir un papel protag贸nico en la lucha contra la difusi贸n del narcotr谩fico, y una inserci贸n activa en los organismos internacionales que, creados a esos efectos, ponen de manifiesto la universalidad de la preocupaci贸n por las infortunadas consecuencias de dicho tr谩fico. Es as铆 como se ha organizado, a mediados de 1985, por decreto presidencial, la Comisi贸n Nacional para el Control del Narcotr谩fico y el Consumo de Drogas, entidad espec铆fica abocada a la consideraci贸n de las soluciones posibles para los diversos aspectos del problema de las droga…”.
Esta Corte reitera esta necesidad de combatir el tr谩fico de drogas, no a trav茅s de la persecuci贸n penal de sus propias v铆ctimas, los consumidores, sino de los distribuidores.
Cabe aclarar que ya en “Bazterrica” se dec铆a que “Un consumidor que ejecute actos de ‘tr谩fico hormiga’, puede ser punible…” se帽alando claramente los l铆mites del concepto de libertad.
Con relaci贸n al consumo, es cierto tambi茅n que la adicci贸n puede afectar la libertad personal, pero ello no justifica una intervenci贸n punitiva del Estado.
Por esta raz贸n es que se justifica que esta Corte, a la luz de la decisi贸n que hoy toma, se vea en la obligaci贸n de hacer recordar a todas las instituciones el ineludible deber de respetar los compromisos asumidos a nivel internacional a fin de combatir el narcotr谩fico; y a nivel nacional, la relevancia de aplicar una pol铆tica de salud preventiva, informaci贸n y educaci贸n y todo ello enfocado en los grupos m谩s vulnerables, especialmente los menores.
Lo que no puede ocurrir es que las pol铆ticas p煤blicas no alcancen ning煤n grado de efectividad a lo largo de los a帽os, que s贸lo se conformen con leyes declarativas y que los resultados sean los contrarios de los perseguidos.
Por ello, y o铆do el se帽or Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLII “Villacampa” 鈥攓ue antecede鈥, se resuelve: I) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, declarar la inconstitucionalidad del art铆culo 14, segundo p谩rrafo, de la ley 23.737, con el alcance se帽alado en el considerando 18, y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. II) Exhortar a todos los poderes p煤blicos a asegurar una pol铆tica de Estado contra el tr谩fico il铆cito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con informaci贸n y educaci贸n disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos m谩s vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el pa铆s.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agr茅guese la queja a los autos principales. H谩gase saber y devu茅lvase. RICARDO LUIS LORENZETTI.

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